La UCA advirtió que las asignaciones a trabajadores formales perdieron casi la mitad de su valor y profundizan la brecha con la AUH

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) dio a conocer dos investigaciones complementarias sobre los sistemas de transferencias familiares que protegen al 75% de los hogares con menores del país, arrojando conclusiones contundentes sobre el impacto de la inflación y las reglas de actualización estatal. En su diagnóstico general, los estudios dirigidos por el sociólogo Agustín Salvia y elaborados por las investigadoras Valentina González Sisto e Ianina Tuñón demostraron que ambos esquemas transitaron trayectorias totalmente contrapuestas: mientras la Asignación Universal por Hijo (AUH) logró preservar su cobertura gracias a la indexación mensual por inflación pese a los atrasos de la Prestación Alimentar, las asignaciones del régimen contributivo (SUAF) destinadas a los asalariados formales perdieron casi la mitad de su poder de compra desde 2016, generando que los trabajadores registrados de menores ingresos exhiban hoy niveles de indigencia y pobreza prácticamente idénticos a los del sector no registrado, pero percibiendo una asistencia económica 2,3 veces inferior.

La primera investigación, titulada "La AUH sostiene su valor; la Prestación Alimentar queda atrás de los alimentos", evaluó el desempeño conjunto de ambas transferencias entre 2020 y 2026 contrastando sus importes con las canastas básicas del INDEC en tres configuraciones familiares representativas. El estudio destacó que en septiembre de 2026 ambas asistencias alcanzaron a solventar entre el 42,5% y el 66,8% de la Canasta Básica Alimentaria y entre el 19,2% y el 30,2% de la Canasta Básica Total, configurando niveles elevados para la serie aunque todavía inferiores a las marcas de mediados de 2024. Al respecto, el documento técnico concluyó que "esa estabilidad descansa en la AUH, que se actualiza todos los meses por inflación y explica cerca del 70% de la cobertura conjunta. La Prestación Alimentar, el componente específicamente alimentario, depende en cambio de aumentos discrecionales: tras casi dos años congelada, se recuperó en parte en mayo de 2026 y desde entonces vuelve a perder frente al precio de los alimentos".

Al profundizar en la divergencia de los mecanismos de ajuste, las especialistas precisaron que la AUH se rige desde julio de 2024 por la variación del índice de precios al consumidor con dos meses de desfasaje, lo que le permitió anotar una suba interanual del 33,8%. Sin embargo, advirtieron que la Canasta Básica Alimentaria trepó un 40,0% en los últimos doce meses, evidenciando que la indexación por el índice de precios general no logra amortiguar los picos en el valor de los alimentos esenciales. En contraposición, la Prestación Alimentar permaneció sin actualizaciones entre junio de 2024 y abril de 2026, sufriendo un deterioro real del 44,1% durante ese lapso. Pese a haber recibido un incremento discrecional del 38,3% en mayo de 2026, el informe remarcó que hacia septiembre su valor real se situó nuevamente un 29,8% por debajo de los registros de junio de 2024. Al evaluar el efecto distributivo en las familias vulnerables, el relevamiento puntualizó que en los hogares que la perciben "la AUH + PA reduce la indigencia de 33% a 14% y la pobreza de 79% a 64% en el primer trimestre de 2026: 6 de cada 10 siguen siendo pobres".

La segunda investigación, denominada "Las asignaciones dirigidas a los hijos de los asalariados formales pierden frente a la inflación", puso el foco sobre el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que alcanza al 43% de las niñas, niños y adolescentes en hogares de trabajadores registrados, monotributistas y jubilados. A partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares, el informe de la UCA denunció que el salario familiar contributivo sufrió un retroceso del 45% en su poder de compra entre 2016 y 2026 y que su monto promedio real por hogar se derrumbó un 69% entre 2018 y 2026. Al comparar la cobertura de la Canasta Básica Alimentaria en un hogar con tres menores, la cobertura de la asignación del Tramo 1 del SUAF cayó drásticamente del 57,0% al 29,7%, mientras que la combinación de AUH y Prestación Alimentar creció del 45,6% al 67,2%.

En este sentido, el análisis del ODSA expuso la conformación de un nuevo fenómeno de trabajadores formales empobrecidos y desprotegidos. De manera taxativa, la investigación señaló: "A partir de hogares tipo (2016–2026) y de microdatos de la EPH-INDEC (2018–2026), se muestra que ambos sistemas siguieron trayectorias opuestas: mientras la AUH y la PA ampliaron su capacidad de cubrir las canastas básicas, el SUAF perdió casi la mitad. Como resultado, los hogares asalariados de menores ingresos, con un perfil cada vez más parecido al de los hogares con AUH, reciben hoy transferencias 2,3 veces menores y alcanzan niveles de indigencia similares". El desglose estadístico comprobó que el 60% de los hogares del Tramo 1 del SUAF posee jefatura femenina y un 45% corresponde a esquemas monomarentales, registrando un 61% de pobreza y un 15% de indigencia aun después de percibir la asignación por hijo, frente al 64% y 14% registrado en los perceptores de la AUH.

Finalmente, las conclusiones generales de la UCA enfatizaron que el 71% de los hogares en condición de pobreza alberga a niños y jóvenes, advirtiendo sobre las fallas institucionales en la fijación de topes de ingresos que en 2023 excluyeron a familias asalariadas que necesitaban la prestación. Frente a este diagnóstico, el equipo de investigación remarcó como desafíos urgentes implementar una fórmula de actualización automática atada a la canasta básica para la Prestación Alimentar, actualizar de forma periódica los límites y montos de los tramos inferiores del SUAF y resolver las barreras burocráticas que dejan al margen a cerca de 635 mil niños que no acceden a cobertura asistencial alguna.